CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
NOTA DEL COMITÉ
EJECUTIVO
Sobre objeción de
conciencia a raíz de las uniones homosexuales
El Gobierno anunció hace un año su
intención de regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta
ahora para la Humanidad. Para casarse no
importaría hacerlo con una persona del mismo sexo. En la legislación española el
matrimonio dejaría de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y
de una mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin
referencia alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la
sociedad el incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y
de procrear y educar a los hijos. Ahora parece que el Parlamento se muestra
dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es
obvio, supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y
una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden
social.
El 15 de julio de 2004 publicamos una
Nota titulada En favor del verdadero matrimonio (NG 655). Allí explicábamos las
razones que nos obligan a pronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado
que nos corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir,
la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio, responden
a su vocación de colaborar con el Creador llamando a la existencia a los hijos y
realizando de este modo su vocación al amor y a la felicidad temporal y
eterna.
Hoy, ante la eventual aprobación
inminente de una ley tan injusta, hemos de volver a hablar sobre las
consecuencias que comportaría este nuevo paso. No es verdad que esta normativa
amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser
matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimonio. Esa unión
es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien
común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país. Pensamos con
dolor en el perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos
falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una
educación adecuada para el verdadero matrimonio. Pensamos también en las
escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá
explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un
hombre y de una mujer.
Ante esta triste situación, recordamos,
pues, dos cosas. Primero, que la ley que se pretende aprobar carecería
propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en
contradicción con la recta razón y con la norma moral. La función de la ley
civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar
en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en
conciencia.
En segundo lugar, y como consecuencia de
lo anterior, recordamos que los católicos, como todas las personas de recta
formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta
normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva. En
concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación de una ley
que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar
el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá
respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su
ejercicio.
Es nuestro deber hablar con claridad
cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la
civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de
derechos fundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los
educadores. Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón, no es ir
en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del bien de cada
persona.
Madrid, 5 de mayo de
2005